PRIMERA PARTE: LA REFUNDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

Capítulo I. El nuevo modelo político
Capítulo II. La reforma administrativa
Capítulo III. La reforma judicial
Capítulo IV. Transparencia y control

SEGUNDA PARTE: CREACIÓN DE TRABAJO Y RIQUEZA

Capítulo V. La reforma económica
Capítulo VI. La reforma fiscal
Capítulo VII. La reforma sindical
Capítulo VIII. Relaciones internacionales

TERCERA PARTE: EL BIENESTAR DE TODO ARGENTINO

Capítulo IX. Seguridad y defensa
Capítulo X. Seguridad social
Capítulo XI. Salud
Capítulo XII. Educación

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

Este documento es fruto del esfuerzo de un grupo de ciudadanos que empezamos a trabajar hace ya varios meses en el desarrollo de soluciones que permitan superar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. En el proceso, fuimos uniendo fuerzas con médicos, abogados, educadores, pequeños y medianos empresarios, asistentes sociales, funcionarios públicos y muchos otros integrantes de la “Argentina invisible” que vienen trabajando desde hace años en sus áreas de actividad y que han desarrollado propuestas muy concretas para resolver los problemas que hoy nos angustian como sociedad. A partir de estas ideas y de las experiencias de otros países que han logrado convertirse en naciones desarrolladas, fuimos dando forma a un proyecto de refundación nacional que busca construir una nueva Argentina, más justa, más próspera y más solidaria. En ese sentido, este documento es una invitación a soñar, a pensar en grande y a unir fuerzas en torno a una visión del país que queremos ser y que podemos llegar a ser.

Enrique Duhau, Francisco Moreno(h), Raúl Rivera, José Sánchez-Elía y Federico Zorraquín(h) son los culpables de la idea original de llevar a cabo este esfuerzo, de convocar a muchos de los participantes, y de asegurar que el proceso avanzara sin mayores tropiezos a lo largo de estos meses. Enrique Duhau hizo posible que el conjunto de reformas propuestas sea mucho más que la suma de las partes, a través de su participación en el trabajo de los diversos equipos. Raúl Rivera diseñó la metodología para llevar adelante el proyecto y dedicó buena parte de su tiempo durante estos meses a facilitar el trabajo de los diversos equipos, a sintetizar sus resultados y a escribir el documento. Francisco Moreno(h) terminó de darle forma y de prepararlo para su publicación y difusión.

Queremos también reconocer el valioso aporte de las personas que participaron en los diversos equipos de trabajo, entre ellos Luis Agostinetti, José María Aldacur, Alejandro Estrada, Patricio Furlong, Javier Goñi, Jorge Hadad, Héctor Huici, Tomás Insúa, Gerardo Juara, Julio Lalanne, Silvia La Ruffa, Horacio Lynch, Hugo Miguel, Federico Mirré, Gabriel Sánchez-Zinny(h) y Marcelo Ugo. Muchos otros, incluidas personas que nunca antes se habían involucrado activamente en los temas públicos, prefirieron permanecer anónimos por diversas razones. Gonzalo Argüello, Alan Clutterbuck, Benoit Culot, Guillermo Dietrich(h), Tomás de Achával, Carlos de Elías, Patricio Kelly, Javier Moreno Hueyo, Claudio Muruzábal, Horacio Rodríguez Larreta, Mario Teijeiro y Horacio Werner, entre otros, aportaron comentarios y sugerencias que permitieron mejorar significativamente el borrador inicial. El Estudio Marval, O’Farrell & Mairal, el Grupo ZC&M y Piñero Abarca / Diseño colaboraron intensa y generosamente durante el proceso de publicación. Claudia Akian de Akian Grafica Editora SA realizó una muy apreciada contribución para la impresión. Finalmente, debemos admitir que el documento nunca hubiera tomado su forma final sin la paciente colaboración de nuestras editoras, Carolina Tosi y Norma Sosa, y de nuestro diagramador, Pablo Santín, quienes revisaron la sucesión de manuscritos generados por un grupo como nosotros, poco habituado a publicar documentos de esta naturaleza. A todos les estamos enormemente agradecidos.

Los autores reconocemos que las reformas propuestas son –por definición– discutibles: de hecho esperamos que sean ampliamente debatidas. Muchas de ellas seguramente son mejorables y sin duda serán perfeccionadas a través de la discusión y la investigación. Es decir, este documento no busca plantear dogmas, crear doctrinas estancas ni hacer planteamientos del tipo “tómeme o déjeme”. Por el contrario, intenta provocar y nutrir un debate sobre nuestro futuro que, como sociedad, no podemos seguir postergando.

El documento está estructurado en doce capítulos, que corresponden a doce objetivos muy concretos que, en nuestra opinión, deberíamos perseguir como sociedad durante la próxima década:

1. Establecer un sistema político que sirva a los argentinos y no se sirva de ellos.
2. Implementar una administración pública austera, profesional y con espíritu de servicio enfocada en las funciones específicas del Estado.
3. Crear un sistema judicial eficiente y confiable, abierto a todos y respetado por todos.
4. Instaurar una cultura institucional de transparencia y honestidad.
5. Insertar a la Argentina en la economía mundial y devolver al individuo el protagonismo en la creación de riqueza.
6. Implementar un sistema tributario justo, eficiente y con mínima evasión, que promueva un mejor nivel de vida para cada argentino.
7. Construir un movimiento sindical que sirva a los trabajadores fomentando iniciativas favorables a los intereses de sus afiliados.
8. Poner en práctica políticas de Estado que promuevan los intereses permanentes de la Argentina a través de su plena inserción en el mundo.
9. Vivir en un país capaz de asegurar sus fronteras y la seguridad de sus habitantes.
10. Garantizar a los argentinos con menos recursos económicos un nivel de beneficios básicos de seguridad social mientras el resto obtiene cobertura en sistemas privados.
11. Garantizar a los argentinos con menos recursos económicos un nivel de beneficios de salud básicos mientras el resto obtiene cobertura a través de seguros de salud privados.
12. Asegurar iguales oportunidades de acceso para todos a un nivel de educación comparable al de los países desarrollados.

Es probable que el nivel de consenso que existe en nuestra sociedad respecto a la conveniencia de lograr estos objetivos sea alto, a diferencia de lo que ocurre con las medidas concretas que habría que implementar para alcanzarlos. Es ahí donde los equipos de trabajo han centrado sus esfuerzos y donde, como sociedad, debemos centrar el debate. El último capítulo del documento, “Un llamado a la acción”, resume las cien principales reformas que en nuestra opinión es necesario realizar para lograr estos doce objetivos, de manera de clarificar las ideas propuestas y facilitar su discusión.

Sabemos que poner en práctica un ambicioso conjunto de reformas como el propuesto será complicado y posiblemente tarde años, porque hay intereses que harán todo lo posible por impedirlo. Pero todo lo que aquí se plantea se puede lograr, siempre y cuando acordemos como sociedad movernos en esa dirección. Dado que este documento intenta proponer las grandes líneas de un proceso de refundación nacional, tiene un carácter altamente sintético que impide analizar en detalle cada una de las reformas propuestas. Somos conscientes de que cada capítulo del documento podría servir de base para libros enteros que detallen las distintas ideas. Afortunadamente, en muchos casos este trabajo ya ha sido realizado por diversos centros de investigación, cuyas publicaciones fueron utilizadas como material de consulta por nuestros equipos y están al alcance de los lectores que tengan especial interés en el tema.

En cualquier caso, el conjunto de reformas aquí propuestas no es más que un primer paso. De todos nosotros, los ciudadanos, depende construir a partir de ellas el camino que nos permitirá superar la actual crisis y salir adelante como país. Esperamos que el desafío de participar en la refundación de la Argentina sea para el lector una fuente de entusiasmo tan grande como lo fue para las cerca de cien personas que trabajaron en la preparación de este documento.

Grupo Refundar
Buenos Aires, Junio de 2002.

Hemos dado un primer paso: escribir las reformas que, en nuestra opinión, harán posible el nacimiento de la nueva Argentina. Ahora llegó el momento de ponernos en marcha. Debemos avanzar cuanto antes en la construcción del amplio consenso social que nos permitirá llevarlas a la práctica con éxito. La gravedad de la crisis actual no admite demoras.

El futuro de la Argentina no lo construirán “los otros”: lo haremos cada uno de nosotros, trabajando juntos, dejando atrás nuestras diferencias y apostando por una visión común del país que podemos ser y que queremos llegar a ser. Todos podemos participar y contribuir con nuestra parte –y por eso, debemos hacerlo– a la construcción de los grandes acuerdos nacionales a partir de los cuales surgirá la nueva Argentina.

La importancia de las reformas justifica un esfuerzo para lograr el consenso necesario para instalarlas como políticas de Estado a largo plazo, trascendiendo la dinámica partidaria histórica y futura. Éste no es un programa de derechas o de izquierdas, por más que simpatizantes de ambos sectores del espectro político reaccionen con entusiasmo ante muchas de las reformas aquí propuestas. El que estamos proponiendo es un programa de refundación nacional, en que todos los argentinos nos estamos jugando el futuro. Habrá propuestas que nos entusiasmen más y otras menos. Efectivamente: para construir el nuevo país, todos tendremos que renunciar a lo que nos “privilegia” por sobre los demás. ¡No más trampas en solitario, por favor! La realidad es que de “privilegio” en “privilegio” nos estamos perdiendo ser el país que podemos ser, donde estaremos mucho mejor que con los “privilegios” y prebendas de hoy, que nos están matando. La mejor manera de poner en práctica el programa de reformas propuesto sería eliminar todos estos falsos privilegios de una vez, ya que, de otra manera, nos quedaremos parados: nadie querrá renunciar a su ventaja hasta no comprobar que el vecino haya hecho lo suyo. Esta combinación de tener mucho que ganar y algo que perder (al igual que todos los demás) es lo que nos permitirá construir un amplio consenso sobre la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo de esta magnitud y con estas características.

Para enfocar nuestros esfuerzos, así como para provocar y apoyar el debate que debemos encarar como nación, hemos identificado las cien principales reformas que, en nuestra opinión, un nuevo gobierno debería poner en marcha durante los primeros cien días de su mandato. Estas cien reformas dependen unas de otras para ser implementadas con éxito, se potencian entre ellas y han sido agrupadas en torno a los doce objetivos que enunciamos en el Prólogo:

Objetivo I:
Establecer un sistema político que sirva a los argentinos y no se sirva de ellos.

1. Reagrupar el país en 6 regiones, consolidando las 24 provincias actuales a través de un pacto federal a 10 años.
2. Reconstruir un mapa de intendencias sostenible.
3. Descentralizar la función pública hacia regiones y municipios.
4. Reestructurar y renovar el Congreso Nacional, alineándolo con la regionalización y mejorando y transparentando sus procesos legislativos.
5. Crear legislaturas bicamerales de tamaño reducido por región.
6. Eliminar los privilegios y prebendas de los legisladores y su facultad para autorizar gastos.
7. Promulgar una nueva ley de partidos y de financiamiento de la actividad política, transparentando el origen y destino de los fondos de los partidos y campañas.
8. Reemplazar las listas sábana por un sistema de circunscripciones binominales.
9. Abolir el actual monopolio de los partidos para presentar candidatos.
10. Crear internas abiertas y simultáneas para todo el país y todos los partidos.
11. Transparentar los antecedentes personales de los candidatos y los 2.000 funcionarios públicos clave, exigiéndoles una declaración jurada de patrimonio previa a la asunción de sus funciones.

Objetivo II:
Implementar una administración pública austera, profesional y con espíritu de servicio enfocada en las funciones específicas del Estado.

12. Redefinir el rol del Estado con “base cero” desde un concepto de subsidiaridad.
13. Racionalizar la administración pública, reduciendo gradualmente a cinco los ministerios, adoptando una estructura con menos niveles e introduciendo criterios de austeridad.
14. Adoptar mejores prácticas en administración pública, rediseñando e informatizando los principales procesos.
15. Dar mayor autonomía y autoridad en la gestión introduciendo controles efectivos.
16. Compatibilizar las reglas laborales del sector público con las del sector privado.
17. Llevar el gasto del sector público a menos del 25% del PIB.

Objetivo III:
Crear un sistema judicial eficiente y confiable, abierto a todos y respetado por todos.

18. Implementar un proceso de desenmarañamiento legal para simplificar la administración de Justicia.
19. Actualizar el Código Procesal eliminando prácticas anacrónicas y burocráticas.
20. Enfocar a la Corte Suprema en sus actividades primarias de tipo constitucional.
21. Crear vías rápidas de justicia respetando las instancias naturales.
22. Eliminar el Ministerio de Justicia y crear una Comisión Independiente de Reforma.
23. Convertir el Consejo de la Magistratura en un cuerpo honorario de estructura reducida.
24. Reemplazar el Jurado de Enjuiciamiento por tribunales ad hoc.
25. Suprimir las distinciones entre los fueros, excepto en lo penal.
26. Establecer juzgados de menor cuantía sin exigencia de patrocinio letrado.
27. Asegurar la participación de recursos humanos idóneos en el proceso judicial mejorando su formación, acreditación y reclutamiento, así como la gestión de sus carreras.
28. Reemplazar a los malos jueces auditando el cumplimiento de sus funciones.
29. Informatizar el proceso jurídico para agilizar procesos y dificultar manipulación.

Objetivo IV:
Instaurar una cultura institucional de transparencia y honestidad.

30. Sentar las bases para una administración pública transparente, obligando a cada área a exponer en Internet sus objetivos, recursos usados y resultados logrados.
31. Exponer toda la información contractual de los servicios públicos.
32. Establecer un código de conducta para todo el personal público y los proveedores del Estado.
33. Implementar un sistema de control de gestión para la administración pública con auditorías preventivas.
34. Implementar una política de “tolerancia cero” en materias de corrupción de funcionarios públicos.
35. Regular la actividad de lobby.

Objetivo V:
Insertar a la Argentina en la economía mundial y devolver al individuo el protagonismo en la creación de riqueza.

36. Convertir a las exportaciones en el motor de la economía a través de un tipo de cambio libre y competitivo.
37. Negociar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea y los países vecinos.
38. Desarticular barreras arancelarias y no arancelarias a los productos argentinos en los demás mercados objetivo.
39. Desarrollar un servicio exterior más capaz de apoyar el vuelco de la economía a los mercados internacionales y de relacionar a éstos con el “país de adentro”.
40. Minimizar el “costo argentino” y eliminar todas las trabas a la actividad productiva, particularmente la exportadora.
41. Facilitar al máximo la creación de nuevas empresas y las nuevas contrataciones.
42. Establecer programas de entrenamiento y apoyo técnico a pequeños empresarios.
43. Desregular y liberalizar los mercados financieros para facilitar la transformación de Buenos Aires en un centro financiero regional.
44. Privatizar la banca comercial estatal y sus subsidiarias.
45. Crear condiciones favorables para atraer un alto flujo de inversiones extranjeras directas.
46. Privatizar todos los medios de comunicación de propiedad pública y desregular el sector.
47. Fomentar la competencia en todos los sectores a través de regulaciones estrictas y entes reguladores efectivos, combatiendo las prácticas anticompetitivas.

Objetivo VI:
Implementar un sistema tributario justo, eficiente y con mínima evasión que promueva un mejor nivel de vida para cada argentino.

48. Abolir todos los regímenes de privilegio y exenciones fiscales.
49. Adoptar una estructura tributaria más simple y que grava prioritariamente los “males” (por ej. contaminación ambiental, alcohol, tabaco, etc.)
50. Establecer un arancel extrazona parejo, no superior al 10%.
51. Reducir el IVA a no más del 12% y crear un impuesto regional a las ventas del 8%.
52. Eliminar (o reducir al mínimo) los impuestos al trabajo, al ahorro y a la inversión.
53. Estimular fiscalmente el retorno de los capitales argentinos en el exterior a través de un blanqueo fiscal para quienes los declaren y repatríen en un plazo razonable.
54. Despolitizar y profesionalizar los entes recaudadores, reestatizando los depósitos de aduana e implementando las mejores prácticas internacionales en recaudación.
55. Implementar una política de “tolerancia cero” contra la evasión, con cárcel obligatoria para los grandes evasores.
56. Impedir la creación de nuevos tributos excepto por plebiscito, y exigir amplia mayoría en la legislatura para cualquier aumento en las tasas.
57. Eliminar la facultad de los municipios para introducir nuevos gravámenes.
58. Reemplazar el régimen de coparticipación por uno de corresponsabilidad.
59. Institucionalizar una política de equilibrio fiscal durante el período de gestión de todo gobernador o presidente.

Objetivo VII:
Construir un movimiento sindical que sirva a los trabajadores fomentando iniciativas favorables a los intereses comunes y no a los suyos propios.

60. Establecer un régimen de plenos derechos sindicales, incluyendo la libertad de creación de sindicatos y de afiliación.
61. Promover una democracia genuina dentro de las organizaciones sindicales a través del voto obligatorio, secreto y auditado de decisiones clave.
62. Alinear la legislación sobre negociación colectiva con una economía competitiva y abierta, adoptando un esquema de la negociación colectiva por empresa.
63. Promover una mayor efectividad en la representación sindical de los intereses de los trabajadores.
64. No ejercer intervención estatal en la vida de los sindicatos y en las negociaciones colectivas.

Objetivo VIII:
Poner en práctica políticas de Estado que promuevan los intereses permanentes de la Argentina a través de su plena inserción en el mundo.

65. Establecer un conjunto de alianzas estratégicas perdurables con Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile.
66. Profundizar el Mercosur como bloque político para promover los intereses nacionales argentinos, en un marco de libertad de comercio.
67. Capturar plenamente el “dividendo de la paz” con Chile, potenciando la integración en todos los ámbitos.
68. Promover el desarrollo del turismo receptivo convirtiendo a la Argentina en un destino singular.
69. Promover la industrialización de las actividades culturales y deportivas facilitando su proyección internacional.

Objetivo IX:
Vivir en un país capaz de asegurar sus fronteras y la seguridad de sus habitantes.

70. Redefinir el rol estratégico de las fuerzas armadas a la luz de las actuales amenazas a la seguridad nacional.
71. Reestructurar a fondo las fuerzas de seguridad, integrándolas bajo un mismo ministerio con las fuerzas armadas y coordinando mejor sus tareas de inteligencia.
72. Erradicar la corrupción y abusos funcionales en las fuerzas de seguridad, y romper sus actuales lazos con la delincuencia y el crimen organizado.
73. Mejorar la calidad de los recursos humanos en las fuerzas de seguridad, reformando su carrera profesional y los procesos de selección y formación.
74. Devolver a las fuerzas la facultad para reprimir el delito y regirlas de acuerdo con los normas de las Naciones Unidas sobre la materia.
75. Establecer objetivos de seguridad ciudadana, lanzar una iniciativa nacional para combatir la delincuencia y el crimen organizado en estrecha colaboración con las propias comunidades, y luego medir el avance.
76. Combatir la transformación de la Argentina en un polo del narcotráfico internacional, asegurando los controles aduaneros de personas y bienes, luchando contra el lavado de dinero, y controlando la emisión de documentos de identidad.
77. Reformar el actual sistema penitenciario separando a los presos con largas condenas de los demás, fomentando la rehabilitación y reduciendo los costos.

Objetivo X:
Garantizar a los argentinos con menos recursos económicos un nivel de beneficios básicos de seguridad social mientras el resto obtiene cobertura en sistemas privados.

78. Definir e implementar un plan nacional de desarrollo humano que permita erradicar las condiciones de extrema pobreza.
79. Crear un sistema global de seguridad social desligado de la relación laboral, que garantice un conjunto de beneficios mínimos a los más necesitados.
80. Reformar el sistema de capitalización individual para promover la competencia y maximizar los ahorros previsionales.
81. Depurar los abusos, el fraude y los excesos en el sistema de reparto, reestructurando a fondo la ANSES y eliminando las pensiones graciables, aun las ya otorgadas.
82. Unificar la edad jubilatoria en 65 años para hombres y mujeres.

Objetivo XI:
Garantizar a los argentinos con menos recursos económicos un nivel de beneficios de salud básicos mientras el resto obtiene cobertura a través de seguros privados.

83. Crear un seguro universal de salud que garantice un nivel básico de servicios a la población con menos recursos y licitar una cápita para los sectores sin cobertura.
84. Desregular plenamente el sistema de obras sociales, asegurando la libertad de asociación y reemplazándolo por un sistema de competencia entre planes.
85. Regionalizar los aportes fiscales y la acreditación de proveedores a ambos sistemas de salud.
86. Desregular el mercado de medicamentos para fomentar la competencia y bajar los costos.
87. Desarrollar y profesionalizar el recurso humano en salud, revirtiendo la “fuga de cerebros”.

Objetivo XII:
Asegurar iguales oportunidades de acceso para todos a un nivel de educación comparable al de los países desarrollados.

88. Elevar la inversión educativa al 5% del PIB y maximizar la porción que llega al aula.
89. Desburocratizar y democratizar el sistema educativo, dando el control de la educación a la comunidad educativa: directores, maestros, padres y alumnos.
90. Poner a los docentes en un pie de igualdad con el resto de los trabajadores.
91. Extender a todos los niños la cobertura de la educación prebásica.
92. Reducir drásticamente la currícula básica obligatoria, dando libertad a las escuelas de organizarse en torno de su propio proyecto educativo.
93. Desarrollar en los alumnos valores y habilidades alineadas con la nueva visión de país.
94. Financiar la demanda y no la oferta, permitiendo a padres y alumnos escoger la escuela pública o privada que prefieran mientras ésta cumpla ciertos estándares.
95. Modularizar la educación universitaria a través de un sistema de créditos.
96. Promover la creación de universidades regionales que imparten los dos o tres primeros años de carrera y enseñan especialidades de interés para el desarrollo regional.
97. Enfocar el financiamiento universitario en los estudiantes de menos recursos.
98. Asegurar la relevancia de las actividades universitarias de investigación y desarrollo para el progreso del país.
99. Establecer objetivos y políticas de Estado en salud y educación, y medir el avance a través de métricas de aplicación universal.
100. Canjear las deudas provinciales por un bono con garantía del Estado nacional, a cambio de su adhesión global a este conjunto de reformas.